Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla
Stanislaw Lec
El Poder Judicial de Quintana Roo entrará en los siguientes meses en un proceso que pudiera representar un avance o prolongación de su retroceso, pues a la fecha se ha distinguido más por los escándalos de sus magistrados que por sus resultados efectivos, pero a inicios de agosto dejará la presidencia del mismo Fidel Villanueva Rivero y, en octubre, deberá ser reelecto o dado por terminado el ejercicio de Mario Aguilar Laguardia.
Las irregularidades cometidas por Villanueva Rivero son múltiples, desde la apropiación ilegal de tierras ejidales, por lo cual fue exhibido y tuvo que “regresarlas”, hasta el enriquecimiento “bastante explicable” pero bastante turbio. Nunca como ahora el titular de uno de los Poderes del Estado había estado envuelto en escándalos tan sonados, pero sobre todo fundamentados. Los señalamientos llegaron a tal grado, que el aún presidente amenazó desde 2016 con renunciar, enviando a través de medios de comunicación el mensaje a los integrantes del Poder Legislativo: “Si hay algo que tengamos que cumplir somos los primeros, si tenemos un desfalco como dicen y está comprobado, pues adelante. Incluso si es necesario que un servidor renuncie para que las investigaciones no se entorpezcan, pues adelante”, dijo.
La renuncia quedó en suspenso, pero ahora en 2017, específicamente el 08 de agosto, Villanueva Rivero deberá dejar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, aunque seguirá como magistrado; sin embargo, diversos medios locales destacaron que, en su intento por dejar al frente a su homólogo Antonio León Ruiz, Fidel Villanueva ha iniciado una serie de ataques en contra de otros magistrados como Verónica Acacio Trujillo, Gabino Medina Burgos y Dulce María Balam Tuz, los dos primeros con posibilidades de sucederlo, pero los tres designados apenas hace unos meses por la XV Legislatura.
Los excesos de Villanueva Rivero tuvieron un freno justamente con la integración al Poder Judicial de los tres nuevos magistrados, pues ya en febrero del presente año lo obligaron a redireccionar parte del presupuesto otorgado, pues entre otras cuestiones, pretendía disponer de una “bolsa” discrecional superior a los 40 millones de pesos, con el argumento de que necesitaban contratar escoltas personales, pues el nuevo sistema de justicia los pone “de cara a la delincuencia”, cuando la más grave es la que ellos mismos constituyen en agravio de las arcas estatales.
Por otra parte, otro de los “garbanzos de libra” que hay en esa instancia es el aun magistrado Mario Aguilar Laguardia, designado con total impunidad durante la administración de Roberto Borge Angulo, cuando ya enfrentaba denuncias por despojos diversos de tierras, incluso en agravio de sus propios familiares –vaya que a estos magistrados les ha dado por hacerse de sus tierritas-, con lo cual incumplía los requisitos mínimos para poder desempeñar el cargo.
Ya desde 2013, ejidatarios de Calderitas señalaban a Aguilar Laguardia de haberlos despojado de un predio de 13 hectáreas, para lo cual falsificó firmas, de lo cual se presentó firmas ante el Consejo de la Judicatura y, of course, no ocurrió nada.
El Poder Judicial tiene 12 magistrados, aquí hemos hablado de cinco ¿y los otros siete? Se preguntará el escribiente, y la misma duda tenemos, pero de que ese Tribunal no es de Justicia, no lo es; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.